¿Cuál es el poder real las redes sociales?

 No hace mucho, Prager demandó a Google por sus prácticas censoras en YouTube, y perdió la demanda; la jueza determinó que YouTube era una compañía privada, y podía establecer su propia política de servicios. El problema es típico de las tensiones políticas que se están viviendo, provocadas por una confrontación ideológica; en que las personas de tendencias conservadoras viven a la defensiva, ante el franco autoritarismo de las liberales.

Por supuesto, queda por establecer la relatividad de todos esos conceptos, que son más bien intercambiables; pero lo importante aquí es la inconsistencia misma de la confrontación, con todas sus innúmeras contradicciones. Más allá de si esas tendencias son realmente liberales, lo cierto es que juegan con cartas capitalistas; como las del derecho y la propiedad particular, con las que han acaparado el mercado.

El problema está en la sujeción voluntaria a esa oferta de gratuidades, que como siempre tienen muy poco de gratuitas; no ya porque se trate de un negocio que vive del comercio de información privada, sino del poder que con ello adquiere. Ese poder es ciertamente conferido por los usuarios, que acceden a subordinarse al autoritarismo de esas redes; algo a lo que nada los obliga, pues ni siquiera quienes trabajan en el medio tienen que participar de este más allá de ese compromiso.

El problema con la libertad individual no es que sea difícil sino que es cara, y se pierde muy fácil con un par de banalidades; como esa adicción que nos sujeta al medio, como antes lo hicieran los cigarrillos y el alcohol. Es probable que el gobierno termine teniendo que regularlos, pero también es probable que esos esfuerzos sean insuficientes; sin embargo queda la potestad de participar o no de esos medios, concediéndoles o no con ello el poder plebiscitario que poseen.

Es absurdo esperar que las redes se abstengan de aprovechar el poder político que nuestra participación les confiere; pero siempre queda la potestad de no conferírselo, obligándolas a un reconocimiento efectivo de sus consumidores. Eso, sin embargo, no puede venir como una coerción gubernamental, que se traducirá en autoritarismo gubernamental; porque el problema no está en el origen del autoritarismo sino en su naturaleza, y esta es la que depende de nuestra potestad individual.

Aunque las redes comercien con nuestra información, sus servicios siguen siendo técnicamente gratuitos; ya que ese comercio de nuestra información es sólo consecuente, no sujeto aún a la transacción. Esa gratuidad es la que pagamos como los impuestos socialistas, con la supervisión ideológica y la reconfiguración cultural; que reconozcamos el peligro no es suficiente, si no va acompañado de acciones concretas y responsables, que pongan a cada uno según su lugar.

Hay mil servicios pagos, que volverían la cultura al carril del capitalismo industrial, desplazando lo ideológico; pero lo harían precisamente reinstaurando el poder de la economía para hacer sus determinaciones políticas de la sociedad. Es decir, restringiendo y condicionando el acceso a los medios, según el poder económico efectivo para ello; algo que tiene que ver también con las prioridades y la responsabilidad individual, en un sistema no asistencial ni clientelista.

Nuestra incapacidad para recurrir a ellos, llevándolos incluso a la ruina con nuestro desdén, explica la procedencia del autoritarismo que tememos; que como el socialista, no puede vivir sólo con la supuesta maldad de un ser supremamente malvado, sino de la debilidad de nuestro ego. Acudir hoy a la regulación de las redes, no es si no alimentar nuestra propia regulación posterior por esa supremacía gubernamental; la libertad como condición existencial, depende de las decisiones que tomamos, de las que también somos responsables.